La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde por acoso sexual y laboral y contra el PP y solicitará que declare Ayuso como testigo
La exconcejala de Móstoles que denunció internamente al alcalde, Manuel Bautista, ha presentado finalmente una querella por un presunto acoso sexual y acoso laboral, además de los delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en los que incluye al Partido Popular.
Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, confirmó mediante un comunicado a los medios de comunicación que la querella ha sido presentada este lunes en la sala de lo penal del Juzgado de Instancia de Móstoles y se dirige, además de contra el alcalde, contra el PP como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31bis del Código Penal.
Según el letrado, «la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular, han obligado a nuestra representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente».
De esta manera, la querella se sustenta en «un nutrido soporte probatorio», con el que se pretenderá acreditar «la existencia, primero, de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la víctima por parte del querellado, con la que este pretendía tener una relación de tipo personal», según ha explicado Suárez-Valdés en un comunicado. Además, tratará de acreditar en segundo lugar que, «ante el rechazo de ésta», se desarrolló «un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica, con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente a la defendida» hasta que esta presentó su dimisión en 2024.
La querella se dirige también contra el PP como persona jurídica ante «la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular». Por este motivo, pedirá que declaren como testigos, entre otras personas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano; y la vicesecretaria de organización del PP madrileño, Ana Millán; en respuesta al papel que desempeñaron en el manejo interno del caso.
Por último, la denuncia también recoge la difusión de los correos electrónicos intercambiados por la exedil con la Comunidad de Madrid, que se enviaron a varios medios de comunicación e incluso su identidad apareció en uno de ellos, algo que según el abogado Suárez Valdés «podrían tipificarse como delitos de revelación de secretos». Suárez-Valdés ha reiterado que se trata de «un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima».
La coordinadora de Digitalización dimite por “un deber de compromiso con la veracidad”
Por otra parte, la Cadena Ser Madrid Oeste (102.3 FM) adelantó que la coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del Ayuntamiento de Móstoles, presentó el pasado lunes su renuncia voluntaria, es decir su dimisión como cargo de confianza que ocupaba desde 2023. Según la carta de dimisión, a la que ha tenido acceso la Cadena SER Madrid Oeste, la decisión se adopta “en coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público” y “en atención a un deber de compromiso con la veracidad”.
Se incorporó al Ayuntamiento junto a la exconcejala del Partido Popular que ha denunciado internamente en un primer momento y ahora ha puesto una querella contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por un presunto acoso sexual y laboral, entre otros posibles delitos. Tras la dimisión de la edil en octubre de 2024, la coordinadora continuó desempeñando sus funciones, colaborando con la nueva responsable del área.
En el escrito, fechado el 16 de febrero de 2026, recuerda que su nombramiento estaba “directamente vinculado a la relación de confianza con la concejala de área” y explica que, aunque los hechos conocidos públicamente se produjeron con posterioridad a la salida de la edil, considera procedente formalizar ahora su renuncia «por razones de coherencia institucional, responsabilidad personal y respeto a los principios que deben regir el ejercicio de los puestos de confianza».
Asegura en la carta de dimisión que esta decisión se adopta «en coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público y en atención a un deber de compromiso con la veracidad, con la finalidad de no interferir en el normal funcionamiento de la organización administrativa ni en el desarrollo del trabajo de los equipos técnicos y funcionarios con los que he venido colaborando».
