El PP acusa a Óscar López de mantener paralizada una denuncia por acoso sexual en Móstoles
Una denuncia interna por presunto acoso sexual presentada a finales de 2024 en Móstoles por una funcionaria municipal sigue sin resolverse oficialmente. La denuncia fue dirigida contra un habilitado nacional dependiente del Ministerio de Función Pública y, según fuentes municipales y del Partido Popular, el expediente permanece sin tramitación desde entonces en el departamento que dirige el ministro socialista Óscar López.
Origen de la denuncia
De acuerdo con la información recabada, la funcionaria informó en octubre de 2024 a Recursos Humanos que el empleado estatal “generaba situaciones para quedarse a solas con la denunciante en su despacho”, impidiendo la presencia de otros trabajadores. En esos encuentros, el acusado “profería miradas incómodas” y realizaba preguntas sobre la vida personal de la funcionaria que excedían lo profesional. Según las fuentes, estas situaciones provocaron en la denunciante “una situación de estrés” y “episodios de ansiedad” que requirieron tratamiento médico y psicológico.
Tras conocerse la denuncia, se activó el protocolo frente al acoso sexual y se inició un procedimiento interno reservado y confidencial para esclarecer los hechos. Menos de un mes después, en noviembre de 2024, las conclusiones fueron remitidas a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local del Ejecutivo regional. Esta entidad elevó el expediente al Ministerio de Función Pública al considerar que los hechos podrían constituir una falta muy grave.
Retraso en la tramitación
El Partido Popular de Móstoles asegura que, a pesar de la gravedad de los hechos, “el informe con los testimonios de testigos que respaldan a la denunciante lleva 15 meses en el cajón del ministro”, refiriéndose a Óscar López, y sostiene que esto ha supuesto una falta de protección hacia la víctima y un blindaje hacia el supuesto agresor. Según los populares, el expediente no ha avanzado porque “no se ha solicitado la identidad encriptada de testigos e intervinientes en el expediente”.
Por su parte, desde el Ministerio de Función Pública han negado estas acusaciones, asegurando que el expediente se encuentra en el “cajón de Ayuso” desde diciembre de 2024 y que tres semanas después de recibirlo solicitaron que se completaran las diligencias practicadas por el Consistorio. Según estas fuentes, la administración regional aún no ha respondido a esa solicitud.
Reacciones políticas
El caso ha reactivado el debate político entre el PP y el PSOE en torno a Móstoles y a la gestión de denuncias por acoso sexual. Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno autonómico, criticó lo que definió como “doble vara de medir” del PSOE, afirmando que la acusación busca “enfangar el buen nombre” del alcalde Manuel Bautista. Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, indicó que la noticia parecía “haber salido de la nada” y negó tener conocimiento de la denuncia, aunque señaló que sí estaba al tanto de otra presentada contra el alcalde.
Contexto del caso
El expediente sobre acoso sexual se ha mantenido en un proceso de espera, mientras la funcionaria continúa recibiendo atención médica y psicológica debido al impacto de los supuestos comportamientos impropios del empleado estatal. Entre las conductas descritas se incluyen forzar la soledad en reuniones, miradas incómodas, preguntas personales insistentes e indagación sobre hábitos y costumbres de la víctima.
El procedimiento en Móstoles se realizó conforme al Real Decreto 247/2024, que establece el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado y organismos públicos. Una vez finalizada la instrucción municipal, la propuesta de resolución fue remitida a la Comunidad de Madrid y luego al Ministerio de Función Pública, donde permanece pendiente de tramitación.
