Exconcejala del PP vincula al exalcalde Daniel Ortiz por la contratación de Waiter Music en Móstoles
Este martes, la Audiencia Nacional retomó el juicio de una de las piezas de la trama Púnica que afecta a varios municipios del sur de Madrid, incluyendo Móstoles. Entre los acusados se encuentran el exconsejero madrileño Francisco Granados y varios exalcaldes y exconcejales del Partido Popular, implicados por la presunta contratación irregular de la empresa Waiter Music para la organización de fiestas municipales entre 2004 y 2013.
Fiesta campera y contratación de la empresa
Durante la vista, la exconcejala del PP de Móstoles, Elena López Barraya, que también fue responsable de actos del partido y extesorera del grupo municipal, declaró que el 8 de mayo de 2011 organizó una fiesta campera del PP en Móstoles y Alcorcón, pocos días antes de las elecciones municipales del 22 de mayo. Según su testimonio, «la contratación de Waiter Music la gestionó quien entonces era jefe de campaña y posteriormente alcalde, Daniel Ortiz».
López Barraya añadió que Ortiz le informó que la factura que debía abonar incluía los gastos de megafonía de cuatro desayunos organizados por el grupo municipal del PP. Sin embargo, no se le indicó que existían pagos pendientes que se cargarían en otras facturas vinculadas a contratos municipales de fiestas locales en Móstoles.
Procedimientos administrativos y posibles irregularidades
El juicio también abordó cómo se llevaron a cabo los contratos en otros municipios, aunque el foco de este martes estuvo en Móstoles. Exinterventores municipales señalaron que en varios ayuntamientos se aprobaron adjudicaciones pese a informes técnicos que advertían de posibles irregularidades. En el caso de Móstoles, López Barraya describió los pagos gestionados a través de la empresa Waiter Music para actos del PP y fiestas locales, señalando la falta de claridad sobre cómo se registraron esos gastos en los contratos municipales.
Relevancia de las declaraciones
Las declaraciones del martes aportan información sobre la implicación de responsables locales en la contratación de servicios externos y el manejo de pagos vinculados a eventos políticos y municipales. La vista buscó esclarecer cómo se organizaron estos contratos y si los procedimientos administrativos respetaron los pliegos y las normas de contratación vigentes en Móstoles.
