Noelia Posse: “Tenemos confianza en que saldremos absueltos”
El Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha propuesto juzgar a la exalcaldesa de la localidad Noelia Posse y a ocho de sus ediles en la anterior legislatura por un presunto delito de prevaricación por la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles.
Además de Noelia Posse están acusados de un presunto delito de prevaricación el ex primer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.
La ex regidora socialista declaró que “el relato de los hechos que se realiza en el auto para justificar la transformación del procedimiento es, desde nuestro punto de vista, muy forzado. Si bien entendemos que la jueza tengo que hacer lo que le ha ordenado la audiencia provincial”.
“Queda muy claro que no ha existido malversación como falsamente se ha venido diciendo y que los hechos se concretan en una presunta prevaricación administrativa. El acuerdo estaba en suspenso y nunca se llegó a ejecutar por lo que no existió daño para las arcas municipales, ni condonación de deudas ni ninguna quita. Confiamos plenamente en la administración de la Justicia y confianza en que saldremos absueltos”, aseguró.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que abandonaron el Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
También están investigados por este asunto las ex ediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, el exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines; y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.
El delito del que se les acusa, la prevaricación, no conlleva penas privativas de libertad, pero sí la inhabilitación para el ejercicio de cargo público. No obstante, tal y como adelantó la Cadena Ser, las acusaciones particulares podrían presentar un escrito para incluir el delito de malversación.
