El Gobierno de Móstoles rechaza personarse en la causa judicial por el derribo de la Casa Roja
El Gobierno municipal de Móstoles ha ratificado su decisión de no personarse como acusación particular en el procedimiento judicial abierto por el derribo de la Casa Roja, al considerar que el Ayuntamiento no reúne la condición de perjudicado directo y que corresponde al Ministerio Fiscal velar por la defensa del interés público en este caso.
La postura del Ejecutivo local fue defendida durante el Pleno por el concejal de Presidencia y Hacienda, Sergio María Soler, en respuesta a la petición del Grupo Municipal Socialista para que el Consistorio ejerciera la acusación particular en la causa. Según explicó el edil, la decisión se sustenta en un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales, que concluye que el Ayuntamiento carece de legitimación para personarse en el procedimiento.
Durante su intervención, Soler sostuvo que la función de perseguir posibles responsabilidades penales corresponde al Ministerio Fiscal y recordó que fue el propio Ayuntamiento quien trasladó los hechos a la Fiscalía tras detectar presuntas irregularidades relacionadas con la demolición del inmueble, lo que dio origen a la investigación judicial actualmente en marcha.
Desde el PSOE, por el contrario, se insistió en que el Ayuntamiento debe defender el interés general y el patrimonio histórico de la ciudad personándose en la causa. Los socialistas consideran que la inacción del Gobierno municipal supone renunciar a la defensa del planeamiento urbanístico y de un edificio catalogado, además de reclamar que se depuren todas las responsabilidades derivadas del derribo.
El Ejecutivo local replicó que la condición de propietario del inmueble corresponde a un particular y reiteró que la defensa del interés público ya está garantizada mediante la actuación de la Fiscalía, rechazando así modificar su posición. La investigación judicial sobre la demolición de la Casa Roja continúa su tramitación mientras prosigue el debate político entre Gobierno y oposición sobre el papel que debe desempeñar el Ayuntamiento en el procedimiento.
