El PSOE se persona como acusación popular por la demolición de la Casa Roja
El Grupo Municipal Socialista de Móstoles se personó como acusación popular en la causa penal por la demolición de la Casa Roja. El Juzgado de Instrucción investiga este derribo tras una denuncia presentada por la Fiscalía. La Casa Roja era un inmueble anterior a 1950, protegido por la legislación patrimonial.
Según la nota difundida por el PSOE, la demolición del edificio «se habría llevado a cabo utilizando una declaración responsable con datos presuntamente falsos para evitar el control de la Comunidad de Madrid». El partido socialista afirma que estos hechos, «de confirmarse judicialmente, supondrían un ataque muy grave contra el patrimonio histórico de la ciudad».
El Grupo Socialista pidió al Gobierno municipal que «deje de mirar hacia otro lado y defienda el interés público personándose en la causa penal por la demolición de la Casa Roja», sosteniendo que «quien no defiende el patrimonio de Móstoles tampoco defiende a sus vecinos».
Según el PSOE, «el Ayuntamiento no puede limitarse a contemplar los acontecimientos desde la barrera mientras se investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico». Además, añade que «la defensa del interés público, del patrimonio común y de la legalidad urbanística no es renunciable, no es una cuestión de oportunidad política sino una obligación legal de cualquier administración».
El Grupo Socialista también afirma que «la Fiscalía cumple con su función persiguiendo posibles responsabilidades penales, pero quien tiene el deber de defender los intereses de Móstoles es su Ayuntamiento». Según su valoración, «si el Gobierno municipal decide no actuar, estará renunciando deliberadamente a proteger el patrimonio de todos los mostoleños».
El Grupo Municipal Socialista registró una solicitud para que el Ayuntamiento se persone como acusación particular. El partido explica que esta decisión busca «defender el interés general, reclamar la reparación del daño causado, exigir responsabilidades y evitar que quienes hayan podido vulnerar la ley obtengan cualquier beneficio de una actuación presuntamente ilegal».
El PSOE sostiene que «no personarse también es una decisión política». Según el partido, si el Gobierno municipal decide no actuar, «tendrá que explicar a los vecinos por qué renuncia a defender el patrimonio histórico de Móstoles, por qué deja sola a la Fiscalía en esta causa y por qué abandona la defensa del interés público».
El Grupo Socialista exige que, «en caso de negarse a comparecer en el procedimiento, el Ejecutivo local motive públicamente esa decisión mediante un informe jurídico y un acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local». El partido argumenta que «la obligación de un Ayuntamiento no es proteger a quienes incumplen la ley, sino proteger el patrimonio, hacer cumplir el planeamiento urbanístico y defender el interés de toda la ciudadanía».
El PSOE concluye su comunicado afirmando que «el gobierno del Partido Popular debe decidir de qué lado está, si del lado de la legalidad y del interés público, o del lado de la pasividad ante uno de los mayores atentados contra el patrimonio histórico de Móstoles en los últimos años». El partido asegura que, por su parte, «ha tomado partido del lado de la defensa de la legalidad y el interés público» al personarse en la causa como acusación popular.
