Empezó el juicio por el caso Cofely contra el exalcalde Daniel Ortiz, que no reconoce haber cometido los delitos

La Audiencia Nacional juzga desde el pasado lunes a un total de 37 personas, entre las que está el constructor David Marjaliza y hasta siete exalcaldes madrileños y uno extremeño, por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por valor de 224 millones de euros. Esa empresa será también juzgada en el marco de esta pieza separada número 6 de la trama de corrupción ‘Púnica’.

Entre los encausados están los exalcaldes de Parla José María Fraile Campos; de Móstoles Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández, y de Almendralejo José García Lobato.

Tal y como ha desvelado la agencia EFE, trece de los 36 acusados en la pieza del caso de corrupción Púnica por la adjudicación irregular entre 2012 y 2014 de contratos municipales a la empresa Cofely han confesado en el juicio los hechos, ente ellos los exalcaldes de las localidades madrileñas de Parla José María Fraile (PSOE) y Serranillos del Valle Antonio Sánchez (UDMA).

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes con cuestiones previas el juicio por esta causa, en el que los acusados se enfrentan a peticiones de pena de Fiscalía y acusaciones de hasta 20 años de prisión por la actividad de esta trama en diversos ayuntamientos, la mayoría con alcaldes del PP, para que concedieran a dicha empresa de servicios energéticos contratos a cambio de comisiones y dádivas.

Las defensas han comunicado que trece de los acusados han pactado con la fiscal el reconocimiento de los hechos a cambio de ver reducidas las condenas y han pedido que además de la circunstancia atenuante de confesión y colaboración con la justicia se les debe aplicar las de dilaciones indebidas por el tiempo que ha durado el procedimiento y de reparación del daño al haber devuelto diversas cantidades de dinero.

En el auto por el que el juez instructor enviaba el asunto a juicio, ya acordaba el comiso de «las dádivas entregadas a las autoridades, funcionarios y colaboradores acusados y de las ganancias ilícitas obtenidas» por los mismos, entre las que identificaba ya distintas cantidades que sumaban más de 1,6 millones de euros, siendo la más alta la de 813.018 euros por los importes objeto de blanqueo de capitales.

En concreto, el abogado del exalcalde socialista del Parla José María Fraile ha informado de que este ingresó el pasado día 3 casi medio millón de euros a efectos de cumplir sus responsabilidades civiles. Por su parte la fiscal ha explicado que en la fase de conclusiones definitivas al final del juicio concretará cuál será su petición de pena para cada uno de ellos en función de su grado de colaboración durante sus declaraciones en la vista.

Las defensas de tres acusados han comunicado al tribunal que aún siguen en conversaciones con la fiscal para ver si se suman al pacto de confesión a cambio de reducir sus penas, entre ellos los exalcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, ambos del PP. También son juzgados otros cinco exalcaldes del PP que no han reconocido haber cometido los delitos de los que están acusados, José Carlos Boza, de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado-Villalba; Daniel Ortiz Espejo, de Móstoles, y Mario Utrilla, de Sevilla la Nueva, todas ellas localidades madrileñas, además de José García Lobato, de Almendralejo (Badajoz).

El abogado del exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza ha denunciado los pactos de algunos acusados con la Fiscalía antes del juicio con desconocimiento del resto de las partes, «unas componendas y negociaciones que afectan al derecho de defensa». Entre los acusados que han seguido colaborando y han llegado a un acuerdo de conformidad con los hechos descritos por la Fiscalía se encuentra David Marjaliza, empresario de la construcción arrepentido y exsocio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica. También han llegado a acuerdos con la fiscal para reconocer los hechos tres exdirectivos de Cofely.

En esta causa se juzgan los hechos que afectan a David Marjaliza como «conseguidor» de contratos públicos para la multinacional Cofely y las actuaciones de esta sociedad, sus directivos y empleados, así como de los cargos públicos, funcionarios y técnicos participantes en las adjudicaciones concertadas entre ellos. En concreto los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros), Moraleja de Enmedio (2.861.975), Parla (54.659.019), Alcalá de Henares (11.847.479), Valdemoro (50.280.748), Collado-Villalba (35.467.135), Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma 224 millones de euros.

En el auto de procesamiento, el instructor imputaba a estas 37 personas hasta ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraude o cohecho. En concreto, la investigación llevada a cabo afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de las localidades de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de En Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que eleva el total a casi 224 millones de euros.

García Castellón explicaba en dicho auto que entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los investigados de la empresa Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron «como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban».

Así, y para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello, a sabiendas de que lo que se esperaba de Marjaliza era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista.

El magistrado detallaba que la relación entre Cofely y el empresario se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

«El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron», señalaba el instructor.

En este sentido, exponía que la dirección jerárquica habría estado ejercida por Didier, considerado el ‘círculo 0’, quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción y los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza. En la siguiente esfera el juez situaba al departamento comercial de Cofely dirigido por Constantino Álvarez, quien apoyaba las negociaciones de cohechos que instrumentaban Marjaliza y Pedro García Pérez, responsable de terciario de Mercado Publico del Departamento Comercial.

García Castellón identificaba en otro círculo distinto a Gaela Hamon como responsable de la Oficina Técnica del Departamento Comercial quien, bien a la par, o tras las negociaciones de Marjaliza y García Pérez, «se infiltraba en los departamentos técnicos de los ayuntamientos, redactando los pliegos de la adjudicación o los informes de necesidad del contrato».
En otro peldaño se encontrarían los negociadores Marjaliza y García Pérez en contacto directo con alcaldes, ediles y técnicos, «que se avinieron a adjudicar a Cofely los contratos de eficiencia energética a cambio de recibir comisiones».

Así las cosas, los investigados habrían diseñado un plan para recuperar el gasto que realizaban con los pagos de comisiones en perjuicio de los consistorios. García Castellón consideraba que ese plan preveía el reembolso de las dádivas a costa de posibles sobreprecios en los contratos de eficiencia, inflados con facturaciones de prestaciones ficticias o inexistentes de las sociedades instrumentales de Marjaliza que enmascaraban como gastos del contrato, «lo que no era más que los fondos comprometidos como comisiones».

Para ello, siguiendo los propios protocolos de actuación comercial fijados por Cofely, idearon que el importe de las comisiones que les venía solicitado por cada ayuntamiento se recogiese en el Plan de Negocio como un gasto más del contrato y así pasasen a formar parte de la oferta que la empresa presentaba al consistorio.

Los investigados añadieron un nuevo epígrafe al Plan de Negocio, que iba a recoger los gastos solicitados por el conseguidor para ganar la licitación pública, gastos que llamaron complemento de éxito. Como ese concepto delataba en parte la finalidad de dicho gasto, cambiaron su nombre por el de gestión del proyecto. Desde ese momento, los gastos comprometidos con los colaboradores para el pago a los alcaldes y funcionarios públicos se asentaron en los nuevos epígrafes creados.

Sin embargo, el auto reflejaba que, pese al esfuerzo de los investigados, el plan «no fue viable» en casi ninguno de los ayuntamientos, ni siquiera en aquellos en los que se contó con el acuerdo de los alcaldes y ediles. Se frustró, manifestaba el juez, por la situación de insolvencia y severa morosidad de la mayoría de los consistorios y los reparos de algunos de los interventores de las instituciones implicadas.

El escrito detallaba que los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales de prestación efectiva por sus propios equipos de trabajo, como la compra de energía. Por otro lado, los ayuntamientos que adjudicaron en 2014 se vieron afectados por la actuación del juzgado en la Operación Púnica, que «desactivó toda la organización criminal».