La Comunidad de Madrid destina 15,3 millones de euros a 747 plazas en residencias y centros de día para personas mayores
La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 15,3 millones de euros para el mantenimiento de 747 plazas destinadas a personas mayores, repartidas entre nueve residencias y otros nueve centros de día en diferentes municipios de la región. La decisión fue adoptada por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 30 de abril, y supone la actualización para este año de seis contratos que comprenden 567 plazas residenciales y 180 de atención diurna.
Los recursos asistenciales están ubicados en las localidades de Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial, Móstoles, Coslada, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón, Leganés y San Agustín de Guadalix. En total, 18 dispositivos sociales que, según la documentación oficial, ofrecen «servicios de alojamiento, manutención, cuidado personal, atención gerontológica, rehabilitadora, psicológica, social, asistencia religiosa, peluquería, podología o transporte».
Esta iniciativa se enmarca en el modelo de colaboración público-privada que la Comunidad de Madrid viene aplicando en el ámbito de la atención a la dependencia. Los centros mencionados forman parte del denominado Plan Velocidad, con el que el Ejecutivo regional impulsó la apertura de 32 residencias y otros tantos centros de día.
En paralelo, la Comunidad tiene en marcha una inversión de 500 millones de euros que contempla la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día hasta el año 2030. Según datos facilitados por la administración autonómica, hasta la fecha se han recibido «un total de 85 peticiones de ayuntamientos madrileños interesados en estos nuevos recursos sociales».
Cada una de las futuras instalaciones tendrá una capacidad máxima de 150 personas en residencia y 50 en el centro de día, y estarán diseñadas bajo «un modelo innovador, con unidades de convivencia reducidas que permitan asemejarlas al ambiente de un hogar».
La actuación aprobada el 30 de abril actualiza el precio de los contratos vigentes, garantizando la continuidad del funcionamiento de estos servicios en los distintos municipios, y se suma a las medidas que el Gobierno autonómico ha proyectado para la ampliación de la red asistencial para personas mayores y dependientes.
