Paralizado el proceso de venta de la parcela de la residencia Las Camelias tras un informe del interventor municipal
El procedimiento para la enajenación de la parcela de la Avenida Olímpica 34, donde se encuentra la residencia privada de mayores Las Camelias, ha quedado paralizado después de que el interventor municipal emitiera un nuevo informe fechado el 28 de mayo en el que se cuestiona la validez de los informes técnicos que respaldaron la operación aprobada en abril.
El acuerdo fue impulsado por el gobierno municipal y contó con el visto bueno de la Junta de Gobierno Local el pasado 15 de abril. Posteriormente, el Pleno lo ratificó el 24 del mismo mes con el apoyo del Partido Popular y la abstención del Grupo Socialista. La propuesta surgió a raíz de una petición de la empresa adjudicataria, Mayorus S.L., que solicitó la adquisición del terreno sobre el que se levantó el edificio a cambio de una indemnización.
La parcela en cuestión es de titularidad pública, pero fue cedida en uso durante 50 años en régimen de concesión. Aunque el plazo finaliza en 2055, la empresa propuso adelantar la compra, lo que desencadenó el inicio de trámites administrativos para su tasación y posterior venta. Según fuentes municipales, el valor se fijó en 2,5 millones de euros, una cantidad que, según las alegaciones presentadas por Más Madrid, resultaba insuficiente y podría ser superada con el cobro del canon pendiente hasta el fin de la concesión, conservando así el suelo y el inmueble.
Desde el PSOE han reclamado la anulación inmediata del acuerdo. La concejala socialista Susana López Antequera ha declarado que «desde el grupo municipal socialista de Móstoles exigimos al gobierno del Partido Popular y Vox que declaren lesivo el acuerdo de venta de la parcela municipal donde se ubica la residencia de mayores de Las Camelias, aprobado en Junta de Gobierno y ratificado en el Pleno con el apoyo del Partido Popular». En sus declaraciones también ha advertido de posibles consecuencias legales: «Un nuevo informe del interventor municipal, fechado el 28 de mayo, desacredita ahora los informes que avalaron la operación y advierte de posibles responsabilidades penales para la Junta de Gobierno si se continúa con esta tramitación».
El Grupo Socialista ha criticado, además, la falta de cohesión interna del Ejecutivo local: «Desde el PSOE exigimos la inmediata anulación del acuerdo y denunciamos la falta de coordinación dentro del ayuntamiento, que se parece cada vez más al camarote de los hermanos Marx», ha manifestado López Antequera.
Le hemos pedido al Gobierno municipal del @ppmostoles y @Vox_Mostoles que declaren #lesivo el acuerdo de enajenación de la parcela de la Residencia Las Camelias. El #interventor municipal cuestiona los informes favorables de todos los órganos que han informado favorablemente la… pic.twitter.com/vB4vzZ8Gh0
— Susana López Antequera (@SLopezAntequera) May 29, 2025
Por su parte, el gobierno municipal ha indicado que el proceso contó desde el principio con informes favorables de los servicios técnicos y jurídicos. En respuesta al informe del interventor, fuentes municipales han confirmado que «el procedimiento queda paralizado», y añaden que «el proceso se ha desarrollado con todos los informes favorables de los distintos servicios municipales y sin la oposición del interventor, motivo por el que se elevó a Junta de Gobierno la enajenación de la parcela y al Pleno municipal, donde el PSOE se abstuvo».
Más Madrid también presentó alegaciones durante la tramitación solicitando la paralización del expediente, exigiendo tasaciones independientes y argumentando que la operación debía estudiarse en el largo plazo. Este grupo político expresó su preocupación por el uso de tasaciones realizadas únicamente por técnicos municipales, sin recurrir a evaluaciones externas, y defendió la conservación del patrimonio público en lugar de proceder a su venta anticipada.
Actualmente, el expediente administrativo se encuentra detenido a la espera de nuevas decisiones tras la aparición del último informe de Intervención, que ha introducido un nuevo elemento de incertidumbre sobre la legalidad del proceso.
