Un okupa deja en la calle a un padre con tres hijos y alquila habitaciones a estudiantes
Jacobo, un padre de tres hijos, ha visto cómo su sueño de invertir todos sus ahorros en una casa se ha convertido en una pesadilla debido a un okupa que saca rédito económico de la vivienda alquilando habitaciones a estudiantes universitarios por 600 euros al mes. Jacobo y un amigo compraron un chalet en Móstoles, colindante con Villaviciosa de Odón, con la intención de convertirlo en su primera vivienda. Sin embargo, al intentar tomar posesión del inmueble, descubrieron que ya estaba ocupado.
La compra del chalet se realizó en 2020 bajo el nombre de una sociedad compartida con su amigo. El inmueble fue adquirido de un fondo de inversión, pero al llegar al lugar, encontraron a una persona viviendo allí. «Desconocemos si llevaba ahí seis o siete años», explicó Jacobo a Vozpópuli. El primer paso de Jacobo fue presentar una denuncia por okupación, pero el okupa, con el apoyo de un abogado experto, alegó ser una persona vulnerable. «Es vulnerable pero tiene dinero para pagar a uno de los mejores letrados en este campo», detalló Jacobo.
El okupa alegaba tener un contrato de diez años, que Jacobo calificó como «completamente ficticio y fraudulento», ya que la normativa establece un máximo de cinco años para estos contratos. Los legítimos propietarios intentaron llegar a un acuerdo amistoso ofreciendo una cantidad de dinero, pero el okupa la rechazó. Esto llevó a Jacobo a investigar más a fondo la situación, descubriendo que el okupa alquilaba las habitaciones del chalet a estudiantes universitarios por 600 euros mensuales. Según los datos de empadronamiento desde 2018, había al menos 15 personas registradas en la casa, aunque no el actual okupa.
«Este tío lo único que ha hecho es lucrarse de una vivienda y arruinarnos la vida. Yo sigo pagando todo y no tengo nada. Más que él, yo soy el vulnerable que tengo que estoy alquilando una casa y pagando todos los gastos de la otra», lamentó Jacobo. El propietario describe su situación como «repugnante», expresando una sensación de «odio, resignación, malestar y depresión». Jacobo trabaja 14 horas al día para poder pagar el alquiler y los gastos de la casa, que sigue ocupada ilegalmente.
Un error burocrático complicó aún más la situación. Según Jacobo, la secretaria judicial se marchó de vacaciones sin notificar el desahucio, lo que permitió al okupa permanecer en la vivienda. «Había una sentencia firme», aseguró Jacobo, pero la falta de notificación impidió que se llevara a cabo el desalojo.
El caso de Jacobo, que está en manos del Juzgado número 2 de Móstoles, es uno de los muchos que afectan a propietarios en España y que están siendo visibilizados por la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Esta entidad colabora para acelerar los procesos y escritos contra este tipo de okupaciones, intentando brindar apoyo a los propietarios afectados.
