El alcalde de Móstoles pide archivar la querella por presunto acoso sexual a una ex concejala del PP

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza que confirmó la admisión a trámite de la querella interpuesta contra él por una exedil del PP por un presunto caso de acoso sexual y laboral, al considerar que la resolución carece de motivación suficiente y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

La defensa solicita la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.

El abogado sostiene que el juzgado se limita a realizar afirmaciones genéricas sobre la posible relevancia penal de los hechos denunciados, sin explicar de qué manera concurren los elementos de los delitos investigados ni el razonamiento jurídico que conduce a mantener abierta la investigación.

A su juicio, ello genera una situación de indefensión y vulnera los artículos 24 y 120 de la Constitución, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso también cuestiona que el juzgado haya apreciado la existencia de indicios suficientes para continuar la instrucción. La defensa afirma que no se especifican los hechos concretos que se imputan a Bautista ni las diligencias practicadas que permitan sostener la existencia de un ilícito penal.

Uno de los principales argumentos de la apelación se centra en la validez de la querella. La defensa sostiene que fue presentada sin el poder especial exigido por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y mantiene que ese defecto era insubsanable, por lo que el juzgado nunca debió admitirla a trámite.

Según expone el recurso, el poder fue otorgado casi dos meses después de la presentación de la querella, cuando el procedimiento ya se había iniciado. En este sentido, la defensa sostiene que permitir su aportación posterior supone alterar los requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, ya que la voluntad expresa del querellante debía constar antes o, como mínimo, de forma simultánea a la presentación de la querella.

Asimismo, argumenta que la apertura de un procedimiento penal produce consecuencias procesales y reputacionales que exigen un especial rigor en el control del cumplimiento de los requisitos legales.

Por todo ello, solicita a la Audiencia Provincial que estime el recurso, declare la nulidad del auto recurrido y acuerde el archivo del procedimiento al considerar que la querella no reunía los requisitos legalmente exigidos y que la resolución impugnada carece de la motivación necesaria para justificar la continuación de la causa.