El pleno reclama derogar la tasa de residuos y avanzar hacia un sistema fiscal más flexible
La sesión ordinaria de noviembre aprobó ayer solicitar la derogación de la tasa de basuras establecida por la Ley 7/2022, al entender que supone un tributo local obligatorio impuesto desde el ámbito estatal y que afecta a los principios de autonomía local, suficiencia financiera y justicia tributaria recogidos en la Constitución.
Reforma normativa y nuevas opciones de financiación
El acuerdo plantea que la actual regulación obliga a los municipios a repercutir de manera directa el coste del tratamiento de residuos, por lo que se pedirá al Gobierno una revisión de la normativa vigente. Entre las propuestas figura el diseño de un sistema más flexible que permita cubrir el servicio de recogida y tratamiento de residuos a través de los propios presupuestos municipales o mediante modelos mixtos, sin imponer un único esquema.
La iniciativa también plantea la incorporación de incentivos al reciclaje y a la economía circular para sustituir fórmulas basadas en penalizaciones generalizadas. El texto añade la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales destinadas a familias vulnerables, pensionistas y autónomos con ingresos reducidos.
Petición de evitar nuevas subidas fiscales
El acuerdo incluye una solicitud dirigida al Gobierno central para frenar cualquier medida que pueda suponer incrementos impositivos a trabajadores, familias y autónomos mientras no exista un sistema fiscal considerado justo, equitativo y sostenible por parte de la corporación.
Propuesta de un plan nacional de infraestructuras
Otro de los puntos aprobados plantea la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular. El planteamiento pasa por que dicho plan sea cofinanciado con fondos europeos y orientado a mejorar los sistemas locales de recogida y tratamiento de residuos. El objetivo es evitar que la carga económica recaiga en los contribuyentes de manera directa y que los municipios dispongan de recursos específicos para afrontar estas obligaciones.
Declaración del alcalde
Durante la sesión, el alcalde, Manuel Bautista, expresó su postura respecto al marco legal vigente y defendió que la regulación impone a los municipios un papel meramente recaudatorio. “Estamos ante una norma injusta que convierte a los ayuntamientos en simples intermediarios recaudatorios y obliga a repercutir a los vecinos el coste total del tratamiento de residuos. Esta ley invade competencias municipales reconocidas en la Constitución y pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los municipios. Los mostoleños tenemos el derecho a decidir cómo gestionar nuestros propios recursos”, señaló.
