El TSJM fija para el 23 de abril el fallo sobre el proyecto de Lledó
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictará sentencia el próximo 23 de abril sobre el proyecto urbanístico de la antigua fábrica de Lledó, en Móstoles, tras el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación del desarrollo SUNC-3 por parte del Gobierno local.
Según ha informado el PSOE de Móstoles en un comunicado, la actuación fue aprobada en el Pleno municipal de febrero de 2024 y contempla la construcción de 556 viviendas, de las cuales 56 contarían con algún tipo de protección pública, mientras que el resto serían de precio libre.
El Grupo Municipal Socialista cuestiona la legalidad del proyecto al considerar que no se han cumplido las condiciones fijadas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sentido, sostiene que la recalificación del suelo estaba supeditada al traslado de la actividad industrial de Lledó y al mantenimiento del empleo en el municipio, extremos que, a su juicio, no se habrían acreditado.
Asimismo, señala que, según informes de la administración concursal, la empresa carece de actividad desde 2022 y que la nave donde supuestamente se trasladó dicha actividad habría sido subastada posteriormente, lo que, en su opinión, pone en duda el cumplimiento de los requisitos urbanísticos exigidos.
Pese a ello, siempre según el PSOE, el Ayuntamiento dio por válido el traslado y la continuidad del empleo basándose, entre otros elementos, en un acta policial incorporada al expediente en 2024, una decisión que los socialistas consideran “irregular”.
En este contexto, el grupo socialista defiende que “la operación responde a intereses inmobiliarios” y ha reiterado su propuesta de que “estos suelos sean gestionados directamente por el Ayuntamiento y destinados íntegramente a vivienda pública y asequible”, una iniciativa que fue rechazada por el Ejecutivo local.
El Grupo Municipal Socialista reafirma así su posición en defensa de un modelo urbanístico “justo, equilibrado y orientado al interés general”, a la espera del fallo judicial.
