La Audiencia devuelve al juzgado la pieza civil del ‘caso ITV’ y aplaza el avance hacia el juicio oral
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado devolver al Juzgado de Instrucción número 1 la pieza separada de responsabilidad civil del denominado “caso ITV”, una decisión que retrasa por el momento la continuación de los trámites previos al juicio oral. El tribunal considera necesario completar antes las actuaciones relacionadas con las posibles responsabilidades económicas derivadas del procedimiento y con las garantías reclamadas a los acusados, según ha adelantado Ser Madrid Oeste (102.3 FM).
La Sección Séptima de la Audiencia, encargada del enjuiciamiento de la causa, ya había recibido las actuaciones remitidas desde el juzgado instructor. Sin embargo, antes de avanzar hacia la celebración de la vista oral, los magistrados han acordado devolver la pieza civil para que se resuelvan las cuestiones pendientes relacionadas con las fianzas y los posibles embargos.
En el auto de apertura de juicio oral, dictado el 31 de julio de 2024, el juzgado requirió a los acusados para que prestaran de manera conjunta y solidaria una fianza de 817.453,94 euros. Esa cantidad corresponde al importe reclamado en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios presuntamente causados.
Según la resolución a la que ha tenido acceso Ser Madrid Oeste (102.3 FM), únicamente la mercantil ITV Móstoles S.L. habría presentado un ofrecimiento de bienes para cubrir esa cuantía. El resto de acusados no habría constituido aval ni fianza alguna hasta el momento.
Posibles embargos
La devolución de la pieza implica que el juzgado instructor deberá adoptar ahora las medidas necesarias para garantizar la responsabilidad civil reclamada dentro del procedimiento. Entre esas actuaciones se encuentra la posibilidad de exigir nuevas fianzas o proceder al embargo de bienes suficientes de aquellos acusados que todavía no hayan asegurado las cantidades reclamadas.
Hasta que esa pieza separada quede completamente resuelta y vuelva a remitirse a la Audiencia Provincial, el tribunal no continuará con los trámites previos al juicio oral, tal y como recoge la resolución judicial.
La decisión llega después de que en marzo la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Plaza número 1, acordara remitir las actuaciones a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, poniendo fin a más de cuatro años de instrucción judicial en esta fase.
Los acusados y las penas solicitadas
En la causa se sentarán en el banquillo, entre otros, la exalcaldesa y actual portavoz del grupo municipal socialista, Noelia Posse; el secretario general del PSOE local y portavoz adjunto, Álex Martín; y los concejales David Muñoz, Rebeca Prieto y Marisa Ruiz, además de otros exmiembros del anterior Gobierno municipal.
El procedimiento se inició tras la querella presentada el 22 de febrero de 2022 por los entonces concejales de Más Madrid, Gabriel Ortega Sanz y Susana García Millán, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La querella se dirigía contra miembros de la Junta de Gobierno local, el tesorero municipal y la mercantil ITV Móstoles S.L., en relación con la investigación sobre la posible existencia de un perjuicio económico para las arcas públicas tras la decisión de condonar una deuda a la empresa encargada de las inspecciones técnicas de vehículos.
La acusación popular, ejercida por los exediles de Más Madrid, solicita seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta para los acusados. Esa petición afecta, entre otros, a Noelia Posse, Álex Martín, Aitor Perlines, David Muñoz, Rebeca Prieto, Marisa Ruiz, Lola Triviño, Beatriz Benavides y Nati Gómez, además del tesorero municipal Francisco Javier Torner.
En el caso de la mercantil ITV Móstoles S.L., la acusación popular solicita una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, además de una cuota diaria de 5.000 euros.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita doce años de inhabilitación, mientras que la acusación ejercida por el consistorio también reclama penas de inhabilitación y recientemente comunicó que acusará igualmente por malversación.
Tal y como ha informado Ser Madrid Oeste (102.3 FM), la cantidad reclamada de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil asciende a 817.453,94 euros, una cifra que continúa pendiente de garantía en la mayor parte de los acusados antes de que la causa pueda avanzar hacia la fase de juicio oral.
