La Comunidad de Madrid ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de ocupación ilegal de viviendas
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, firmó el pasado lunes un acuerdo con los colegios de abogados y procuradores de Madrid para facilitar apoyo legal sin coste a las personas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas. La medida busca proporcionar asistencia jurídica, representación procesal y apoyo psicológico a través de la Red de Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito.
“Detrás de cada denuncia hay personas afectadas, propietarios que pierden sus casas y barrios enteros deteriorados”, señaló Ayuso durante el acto celebrado en la Real Casa de Correos. Aunque el Gobierno autonómico no tiene competencias plenas en esta materia, la presidenta aseguró que no van a “ponerse de perfil”.
El nuevo protocolo contempla también la creación de un servicio especializado en el teléfono 012 de Atención al Ciudadano para atender consultas relacionadas con ocupaciones ilegales. Este servicio funcionará de forma complementaria al 112 Ocupación, habilitado desde junio de 2022. Según datos de la Comunidad, este canal ha recibido 4.041 llamadas hasta el 30 de abril de este año. En ese tiempo, 246 personas han alertado sobre este delito en propiedades privadas y se ha logrado evitar o revertir la ocupación en 44 casos.
Durante su intervención, Ayuso vinculó este fenómeno con la falta de respuesta por parte de algunas administraciones. “Son males de quienes quieren desde el poder y las administraciones no hacer lo que se debe, con rigor jurídico y respeto por la verdad”, afirmó. También insistió en la necesidad de modificar las leyes actuales para permitir a los jueces actuar con mayor urgencia en los desalojos.
Además de la asistencia legal y psicológica, el acuerdo implica que los afectados contarán con representación en los tribunales sin coste, a cargo de los procuradores adheridos al protocolo. La firma contó con la participación de los decanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón; de Alcalá de Henares, Ángel Llamas; y de Madrid, Alberto García.
Ayuso subrayó que muchas viviendas ocupadas terminan asociadas a otras actividades ilícitas, como la trata de personas o el tráfico de drogas. “Esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales”, declaró.
El Gobierno regional defiende que continuará ofreciendo todos los recursos disponibles para apoyar a los propietarios afectados y tratar de frenar el avance de este fenómeno.
