La defensa del exalcalde de Móstoles, Esteban Parro, pide su absolución en el juicio de Púnica y acusa a Fiscalía y PSOE de actuar con «temeridad»
La defensa de Esteban Parro, alcalde de Móstoles entre 2003 y 2011, ha solicitado su absolución en el juicio de la pieza de la trama Púnica relacionada con las adjudicaciones a la empresa Waiter Music y ha cargado duramente contra la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el PSOE y ADADE (Asociación de Abogados Demócratas por Europa), a quienes acusa de haber mantenido durante más de una década una causa judicial carente de base.
La Audiencia Nacional ha reanudado esta semana las sesiones del procedimiento que investiga supuestas irregularidades en la contratación de espectáculos y eventos festivos en varios municipios madrileños entre 2004 y 2013. Entre los acusados figuran el exconsejero regional Francisco Granados y varios exalcaldes del Partido Popular, entre ellos los exregidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz.
Durante la fase de informes finales, el abogado de Parro, José María de Pablo, calificó la acusación de «disparate» y reclamó que se impongan las costas procesales a la acusación popular por entender que ha actuado de mala fe a lo largo de la causa. Asimismo, defendió la necesidad de que la legislación contemple mecanismos para exigir responsabilidades económicas también al Estado cuando la actuación de la Fiscalía resulte «temeraria».
El letrado recordó que el Ayuntamiento de Móstoles decidió retirar la acusación particular al considerar que no existían indicios de delito ni perjuicio económico para las arcas municipales. En este sentido, aseguró que «El Ayuntamiento de Móstoles, que es quien supuestamente habría resultado perjudicado, ha tenido la honradez jurídica e intelectual de retirar la acusación cuando comprobó que no había existido delito».
La defensa sostiene además que Parro no tuvo conocimiento directo de los contratos objeto de investigación, ni participó en su tramitación administrativa, y que las adjudicaciones se realizaron conforme a la normativa vigente en aquellos años.
Durante su intervención, José María de Pablo también incidió en las consecuencias personales y políticas que, a su juicio, ha sufrido su cliente tras once años de instrucción y enjuiciamiento. Según expuso, la prolongación de la investigación frustró su carrera política al impedirle concurrir a distintos procesos electorales mientras permanecía investigado.
La causa se centra en la relación contractual entre diversos ayuntamientos madrileños y Waiter Music, empresa dirigida por el fallecido José Luis Huerta, considerada por la Fiscalía una de las sociedades favorecidas por la red vinculada a Francisco Granados.
En el caso de Móstoles, las pesquisas analizan la contratación de actuaciones musicales y actividades festivas durante los mandatos de Esteban Parro y, posteriormente, de Daniel Ortiz. Mientras la Fiscalía sostiene que existió un sistema de adjudicaciones irregulares que benefició a la empresa, las defensas mantienen que los contratos se ajustaron a la legalidad y que nunca existió concertación alguna para favorecer a Waiter Music.
La Fiscalía solicita para Esteban Parro una pena de dos años y ocho meses de prisión. El juicio afronta ya su recta final, a la espera de que concluyan los informes del resto de las partes antes de que el procedimiento quede visto para sentencia.
