La Fiscalía pide 10 años de prisión para un profesor evangélico por abusos sexuales a menores
Juan Francisco G.I., de 31 años y origen salvadoreño, aguarda juicio tras ser procesado por tres delitos continuados de agresión sexual contra menores en el centro religioso ‘Fuente de Vida’. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcorcón dictó el procesamiento en febrero pasado.
La fiscal Ruth Muñoz del Área de Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado que el procedimiento se tramite como sumario ordinario, dado que las penas superan los nueve años de prisión. Uno de los delitos está tipificado en los artículos 181.1 y 2 del Código Penal, que contempla hasta una década de cárcel cuando se realizan actos de penetración oral con menores.
El caso salió a la luz en octubre de 2023 cuando varias familias de la comunidad evangélica presentaron denuncias tras conocer los testimonios de sus hijos. Las víctimas, de entre 12 y 13 años, sufrieron diferentes tipos de agresiones sexuales por parte del acusado, quien aprovechó su posición en el centro religioso para ganarse la confianza de los menores.
Según consta en el auto judicial, el procesado establecía vínculos con los niños a través de obsequios y llamadas telefónicas, consiguiendo quedarse a solas con ellos tanto en las instalaciones religiosas como en domicilios particulares. Los hechos investigados incluyen tocamientos en los genitales, besos y actos de penetración oral.
El Grupo XXV de la Brigada Provincial de Policía Judicial analizó el contenido del teléfono móvil del investigado, hallando 104.250 imágenes distribuidas en diferentes carpetas, muchas de contenido pornográfico, aunque ninguna correspondía a las víctimas del caso.
La iglesia evangélica ‘Fuente de Vida’ emitió un comunicado tras conocerse los hechos, alegando que el acusado «ni ostenta ni ha ostentado cargos de responsabilidad» en la institución. Sin embargo, la resolución judicial contradice esta versión, identificándole como ‘profesor’ encargado de la enseñanza religiosa a los niños.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid debido a que la pena supera los cinco años de prisión, en lugar de tramitarse en un Juzgado de lo Penal como inicialmente se había previsto. La investigación comenzó con cinco menores afectados, aunque finalmente se han acreditado indicios en tres casos.
