La Fiscalía pide que se inhabilite durante 12 años a la socialista Noelia Posse por el caso ITV
La Fiscalía del área de Móstoles-Fuenlabrada solicita una condena de doce años de inhabilitación para la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y ocho exediles por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación al caso ITV por condonar una deuda a la empresa concesionaria de más de 2 millones de euros.
Así consta en el escrito de acusación del fiscal de cara a la celebración del juicio oral y que se presenta en la fase intermedia de las actuaciones. El fiscal les acusa de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal.
Cabe señalar que la Cadena Ser Madrid Oeste adelantó que el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles, que investiga el caso, había rechazado procesar a los acusados por un delito de malversación de fondos, además de prevaricación. La acusación particular, encabezada por Más Madrid, pedía que el proceso continuara adelante con ese delito que sí implica penas de prisión. La propia Fiscalía se había opuesto a incorporar a la causa la malversación de caudales públicos.
El pasado mes de febrero, la jueza que instruyó el caso dictó el auto por el que acordaba continuar la tramitación de las diligencias previas respecto a once investigados, entre ellos también un funcionario y un empresario. En la resolución, la magistrada subrayaba en primer lugar que resulta «obvio» el perjuicio causado a las arcas públicas como consecuencia del acuerdo de la entonces Junta de Gobierno Local de 20 de octubre e 2020″. Dicho acuerdo aprobó por la vía de urgencia reducir al 50% la deuda del concesionario, el canon anual y el aplazamiento hasta 2040 del resto de la deuda a razón de 30.000 euros anuales.
En su escrito, la Fiscalía señala que mediante la declaración de urgencia, «incluyeron y aprobaron por unanimidad de todos sus miembros la quita del 50% de la deuda de ITV Móstoles, SL.. la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta el 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos, a razón de 30.000 euros anuales, y una última anualidad de 15.000 euros».
«Dicho acuerdo se adoptó por los acusados, a pesar de contar nuevamente con el informe desfavorable del Interventor que alertaba de la contrariedad al ordenamiento jurídico del mismo, y con una clara consciencia de ilegalidad del mismo, puesto que habían sido advertidos de que los créditos de derecho público son indisponibles por Ley», agrega.
Además, indica que para «tratar de dar externamente una apariencia de legalidad que los acusados sabían que no tenía, el acuerdo fue adoptado tan sólo con el informe del también acusado, Francisco Javier Torner, que emitió un «informe jurídico» favorable cuando carecía de facultades para ello y presentarse por la vía de urgencia, a fin de evitar los informes preceptivos del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor que ya se habían opuesto anteriormente a la propuesta».
«Como consecuencia de estos hechos, con dicho acuerdo, los acusados ocasionaron un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, al condonar en 615.000 euros la deuda y bajar el canon a 60.000 euros anuales», apunta.
«La sociedad ITV Móstoles, S.L., cuya administradora era la acusada Mónica Ramírez Moreno Manzanero, no solo se benefició del acuerdo adoptado, habiendo determinado, con su petición al Ayuntamiento de esa misma propuesta, a sabiendas de su ilegalidad, la adopción del mismo», concluye.
Además de Noelia Posse están acusados de un presunto delito de prevaricación el ex primer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz, todos ellos del PSOE.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que abandonaron el Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
También están investigados por este asunto las ex ediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, el exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines; y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.