Madrid impulsa una reforma legal para agilizar la vivienda aprobando el Proyecto de Ley LIDER
El Gobierno regional dio un paso decisivo el 22 de julio al respaldar el borrador de la futura Ley LIDER, una normativa que busca acortar drásticamente los plazos para construir viviendas en la región. Gracias a este cambio, los trámites urbanísticos, que hoy pueden extenderse hasta 12 años, quedarán reducidos a un máximo de cuatro. El siguiente paso del texto será su llegada a la Asamblea regional, donde continuará su recorrido parlamentario.
Isabel Díaz Ayuso había adelantado esta reforma durante su intervención en el Debate del Estado de la Región. Antes de su presentación oficial, el proyecto pasó por meses de diálogo con colectivos afectados y especialistas en urbanismo.
Menos trámites, más agilidad
Uno de los pilares de la reforma consiste en sustituir el actual sistema de planeamiento por los llamados Planes Estratégicos Municipales. Con este nuevo esquema, los consistorios podrán tramitar su ordenación urbana en apenas cuatro a seis años, prácticamente la mitad del tiempo que exige el modelo vigente. En determinados casos, los proyectos de desarrollo podrán resolverse en un único año a través de ordenanzas específicas, frente a los siete años que requieren actualmente.
Ya son 42 los municipios madrileños, incluida la capital, que trabajan en sus propios planes bajo el paraguas de la anterior Ley 7/2024 sobre desarrollo territorial equilibrado.
Además, desaparece la actual división del suelo en cinco tipos: a partir de ahora solo existirán tres categorías (urbanizado, rural protegido y rural sin protección), un cambio pensado para dar mayor claridad a propietarios, empresas y administraciones locales.
Más poder de decisión para los ayuntamientos
La reforma amplía notablemente las competencias municipales. Las localidades con más de 15.000 habitantes tendrán potestad para validar por sí mismas sus instrumentos de planificación, quedando la región únicamente como garante de la legalidad. Todos los municipios, sin excepción, podrán además aprobar directamente sus ordenanzas, estudios detallados y catálogos de elementos protegidos.
También se simplificarán los requisitos para desarrollar explotaciones agrícolas y ganaderas en suelo rústico, cuya autorización recaerá directamente en los consistorios.
Renovación urbana sin coste vecinal
Una de las herramientas más novedosas del texto —sin precedentes en el resto del país— permitirá a los ayuntamientos transformar barrios enteros y renovar espacios comunes y privados sin repercutir el gasto en los residentes. La norma también simplifica la salvaguarda de edificios históricos, evitando que su protección obligue a rehacer todo el plan urbanístico del entorno.
Los pueblos con menor población contarán con un procedimiento adaptado a su realidad, respaldado por un nuevo servicio de asesoramiento técnico regional que cubrirá desde los estudios iniciales hasta la tramitación ambiental.
Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos ya en marcha, como la Ley 3/2024 de vivienda protegida —que en solo doce meses permitió autorizar 3.679 viviendas, camino de alcanzar las 10.000— y la Aceleradora Urbanística, que centraliza informes administrativos y ya respalda 17.600 pisos, casi 6.000 de ellos protegidos.
Ocio y espectáculos, otra pieza de la reforma
El proyecto también renueva la legislación sobre espectáculos públicos y actividades de ocio, vigente desde hace tres décadas, para ajustarla a la oferta cultural, gastronómica y de grandes eventos que caracteriza hoy a la región.
Los municipios de más de 20.000 vecinos pasarán a gestionar los permisos de eventos excepcionales celebrados en su territorio. Junto a ello, se endurece el régimen sancionador y se prohíbe expresamente el uso de fuego abierto, llamas, bengalas y otros elementos pirotécnicos en bares, restaurantes y locales de ocio que no cuenten con zonas específicas habilitadas.
