Móstoles desiste de la operación sobre la residencia de mayores Las Camelias
El proceso de enajenación de la parcela municipal donde se ubica la residencia para mayores Las Camelias, en el barrio de El Soto, ha quedado suspendido. El interventor municipal realizó un nuevo informe que «contradice y desacredita la validez de los informes municipales que validaron la enajenación de la parcela», por lo que se frenó.
La residencia, construida en 2005 bajo un contrato de concesión que se extiende hasta 2055, estaba siendo objeto de una negociación para que la empresa adjudicataria, Mayorus S.L., adquiriera el suelo y el edificio a cambio de una indemnización. El Ayuntamiento inició los trámites para fijar la tasación y establecer el precio que la compañía debería abonar para quedarse con la parcela pública.
Sin embargo, este expediente generó críticas de varios vecinos y de la formación política Más Madrid Móstoles, que presentaron alegaciones contrarias al valor económico asignado a la parcela. Desde Más Madrid calificaron la valoración como ‘un despropósito’, dado que fijaban el precio en apenas 2,5 millones de euros, una cifra que, según ellos, se podría recuperar cobrando simplemente el canon pendiente hasta 2055, sin necesidad de la venta.
Pese a las objeciones, el Ayuntamiento defendió la legalidad y el respaldo técnico del proceso, afirmando que los informes jurídicos y técnicos cumplían con la normativa urbanística estatal y autonómica vigente. En ese sentido, rechazó las alegaciones presentadas y la Junta de Gobierno local aprobó el 15 de abril la enajenación de la parcela, destacando la ausencia de oposición formal por parte del área de intervención municipal.
No obstante, el 28 de mayo el interventor municipal emitió un nuevo informe que ‘contradice y desacredita’ los documentos anteriores que avalaban la venta, lo que obligó a paralizar el procedimiento de enajenación. A partir de ese momento, el Ayuntamiento desistió de continuar con la operación sobre la parcela de Las Camelias.
Este giro en el expediente genera incertidumbre respecto al futuro de la parcela y del contrato de concesión vigente, que sigue vigente hasta 2055. Además, la decisión de frenar la venta responde a la necesidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo en la gestión del suelo público en la localidad.
