Noelia Posse recurre el auto del caso de los contratos menores de obras en colegios y afirma que está siendo víctima de una «campaña mediática y política»

La exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) ha denunciado públicamente la existencia de «filtraciones interesadas» a medios «afines a la derecha mediática» en relación a la causa judicial sobre contratos menores en obras de colegios públicos del municipio, en la que figura como investigada junto a la jefa de Servicios del Ayuntamiento, Ángeles Cortizas.

La edil socialista ha calificado estos hechos como parte de «una campaña mediática y política encaminada a hacer un juicio paralelo, vulnerando el principio de presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos».

El Juzgado que instruye el caso ha acordado seguir las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra ambas por si los hechos fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Ante esta decisión judicial, Posse ha anunciado que ha recurrido el auto de continuación, argumentando que «no existe base indiciaria» para su imputación. En un comunicado, la exregidora ha asegurado que su participación en los hechos se limita a la firma de una propuesta de gasto en una fase inicial del expediente, sin que interviniera en la tramitación posterior ni en las adjudicaciones, que, según indica, fueron realizadas por el concejal delegado del área nombrado tras su cese.

Asimismo, Posse ha puesto en duda la imparcialidad del procedimiento, señalando que «resulta curioso que el equipo legal (abogados y procuradores) que representan y asesoran a la acusación popular hayan sido los mismos que asesoran y representan a los concejales de Más Madrid en los autos del caso ITV».

Posse subraya que fue cesada por el ex alcalde David Lucas como concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines el 18 de julio de 2016 y que las adjudicaciones se firmaron posteriormente, el 29 de julio, por el entonces nuevo responsable del área, Miguel Ángel Ortega.

La exalcaldesa niega además haber ordenado que las obras se tramitaran mediante contratos menores ni haber dado instrucciones en relación con las empresas participantes. «Nadie a lo largo de la investigación ha afirmado que así fuese», sostiene.

En su escrito, Posse tilda de «absolutamente falsa e injuriosa» la declaración del interventor municipal – Caín Poveda-, quien aseguró que la exalcaldesa consultó con él aspectos relacionados con los contratos. Atribuye esa declaración a «una enemistad personal» derivada del cese del funcionario de su cargo de libre designación, así como de su implicación en una querella presentada por la empresa pública de vivienda IMS durante el mandato de Posse.

También ha recalcado que las obras en los colegios públicos eran «urgentes e inaplazables», según los informes técnicos y las reiteradas peticiones de los directores de los centros y las AMPAS, y que respondían a cuestiones que afectaban a la seguridad e integridad de los menores.

Posse ha solicitado el archivo del procedimiento, al considerar que su actuación no constituye delito alguno.

Por último, ha manifestado su «apoyo y cariño» a Ángeles Cortizas, jefa de Servicios también imputada en el procedimiento, a quien ha defendido como una funcionaria con una «hoja de servicios intachable» tras cuatro décadas de labor en el Ayuntamiento de Móstoles.