Sobre la admisión a trámite de la querella presentada contra el alcalde de Móstoles y el partido Popular

La admisión a trámite de la querella presentada por una exconcejala del Partido Popular contra el alcalde de Móstoles, unida a la salida de Vox del Gobierno, es el síntoma de un Gobierno local en descomposición.

El Gobierno del Partido Popular de Móstoles ha perdido la mayoría, ha perdido la estabilidad y, lo más grave, ha perdido la credibilidad para seguir al frente de la ciudad porque ya no hablamos solo de un procedimiento judicial, sino de una crisis política de primer nivel que compromete su capacidad para gobernar, tomar decisiones y ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y Móstoles no puede permitirse un Gobierno atrapado entre los tribunales y la aritmética política.

No es cuestionable que la política democrática se sostiene sobre el principio básico de la confianza entre los ciudadanos y sus representantes y por ello es necesario preservar la credibilidad de las instituciones y de quienes las representan y este es el motivo por el que cuando surgen situaciones como la reciente admisión a trámite de una querella, que afecta a cargos públicos del Partido Popular en Móstoles, y al propio Partido Popular como organización el debate ya no puede limitarse al plano estrictamente jurídico.

Que esta querella alcance al Partido Popular como organización es un hecho de extraordinaria gravedad política e institucional, porque erosiona gravemente la confianza pública. Pero en democracia no hay espacios de impunidad: que el Partido Popular sea objeto de investigación judicial no lo convierte sin más en una organización criminal; simplemente significa que también los partidos, por relevantes que sean, deben responder ante la ley y someterse al mismo escrutinio que cualquier otro sujeto.

Respecto al Alcalde, la presunción de inocencia que reiteradamente reclama ante los medios de comunicación, es un pilar básico del Estado de Derecho, por lo que la apertura del procedimiento no implica que el alcalde de Móstoles sea jurídicamente culpable “ad initio”. Legalmente, sigue protegido por este derecho hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Sin embargo, en política el nivel de exigencia es mayor.

Apelar a este derecho constitucional para eludir el problema es, en realidad, una forma de no afrontar la cuestión de fondo que adquiere una dimensión pública cuando el caso no afecta a un ciudadano cualquiera, sino al alcalde de la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid y, por extensión, a toda la estructura orgánica del Partido Popular.

Cuando las acusaciones alcanzan esta gravedad y apuntan a conductas incompatibles con la ética institucional el problema deja de ser individual. La sombra no se queda en quien es investigado, se proyecta directamente sobre toda la organización que lo sostiene, sobre su credibilidad y sobre su responsabilidad política.

La reacción de la dirección política del Partido Popular ante este asunto resulta especialmente significativa. figuras como Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo no solo lideran una organización, sino que, a través de su actuación y sus manifestaciones públicas, trasladan un criterio político y moral frente a estos comportamientos. Estos mensajes llegan también a todas las mujeres del propio Partido Popular, tanto en España como en Madrid, lo que resulta especialmente preocupante dado que gobiernan y legislan en la Comunidad.

Los hechos que la ex concejala incorpora en su Querella son de extrema gravedad (acoso sexual y laboral, coacciones o revelación de secretos) y sitúan al Ayuntamiento como institución y al propio Partido Popular en una posición difícilmente sostenible ante la opinión pública porque los ciudadanos/as no juzgará únicamente los hechos, sino también la respuesta política ante ellos.

Es evidente que el proceso judicial seguirá su curso, previsiblemente largo o muy largo, porque la justicia en España es lenta y los procedimientos complejos se pueden eternizar, pero en política los tiempos y las responsabilidades son diferentes y no se dispone de ese margen de espera sin coste electoral.

En este contexto, la continuidad en el cargo, en mi opinión, deja de ser una decisión personal para convertirse en una cuestión de responsabilidad pública. No se trata de admitir culpabilidad, sino de proteger la institución. Dar un paso al lado no es una condena ni es reconocer la culpabilidad, sino, en muchos casos, una forma de preservar la dignidad del cargo y permitir que los hechos se esclarezcan sin interferencias políticas y al margen del ruido mediático.

A un año de las elecciones, el llamado “caso Móstoles” ha trascendido lo local y se convierte en un test sobre la credibilidad, coherencia del partido popular a nivel autonómico y nacional.

El Partido Popular se enfrenta aquí a algo más que un episodio incómodo, se enfrenta a una prueba de coherencia porque durante años ha exigido dimisiones y responsabilidades a otros partidos por situaciones similares, por tanto, ahora le corresponde aplicar ese mismo listón a sí mismo. De lo contrario, el discurso sobre la regeneración política corre el riesgo de convertirse, otra vez más, en un mensaje hipócrita y vacío de contenido.

En última instancia, los ciudadanos y ciudadanas no juzgarán únicamente lo que ocurra en los tribunales, sino la capacidad de reacción política ante la incertidumbre. Porque hay momentos en los que la duda sostenida es suficiente para cerrar etapas. Y cuando eso ocurre, la inacción no es neutral es también es una forma de tomar partido.

Dicho lo anterior y más allá de la decisión que adopte el Alcalde y el Partido Popular, el desgaste social y electoral en mi opinión ya es evidente y continuará creciendo a medida que el procedimiento avance.

En política, a diferencia de los tribunales, hay momentos en los que la mera duda sostenida en el tiempo basta para cerrar etapas. Y este, sin duda, parece ser uno de ellos.