El Ayuntamiento bajará el IBI y el ICIO para compensar la nueva tasa del ‘basurazo’

El Ayuntamiento de Móstoles ha comenzado los preparativos para la aplicación del nuevo impuesto sobre la recogida de residuos, conocido como el “basurazo”, una tasa que será obligatoria en todos los municipios de España, en virtud de una directiva de la Unión Europea. Esta medida, incluida en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados desde marzo de 2022, deberá entrar en vigor antes de abril de 2025.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha señalado que se verá forzado a implementar el impuesto «por imperativo legal», y ha dejado claro que no es una decisión que dependa del Consistorio. “No nos queda más remedio que aplicarlo, pero lo haremos en el último momento, cuando la obligatoriedad sea absoluta”, afirmó Bautista.

Sin embargo, la fecha límite se acerca y el Ayuntamiento ya ha calculado el impacto económico que supondrá este nuevo impuesto para la ciudad. Según sus estimaciones, el “basurazo” generará un coste de 11 millones de euros anuales. Bautista ha criticado duramente al Gobierno central, señalando que “Pedro Sánchez quiere que sean los mostoleños quienes asuman este nuevo impuesto”.

Impacto económico para los vecinos

El Consistorio ha trabajado en una fórmula que permita reducir el impacto de la tasa lo máximo posible para los residentes. “Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para minimizar la cuota, porque creemos en la reducción de impuestos. El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los vecinos”, señalaron fuentes municipales a Noticias para Municipios.

De acuerdo con la información facilitada, los habitantes de Móstoles tendrán que pagar entre 37,08 euros y 193,47 euros anuales, en función del valor catastral de sus viviendas y el número de personas que vivan en ellas. Además, el Ayuntamiento ha anunciado que será «especialmente sensible» en el cobro de la tasa en casos de familias vulnerables y numerosas. También se tendrá en cuenta a aquellos que realicen tratamiento de compost en sus domicilios.

“Sabemos que la situación económica es difícil para muchas familias, por eso estamos analizando todas las posibilidades de corrección que permite la ley, para que el impacto sea lo menor posible”, añadieron desde el Consistorio.

Impuesto para comercios y sectores productivos

En cuanto a los comercios, la tasa media será de 286 euros anuales, mientras que en el sector de la hostelería se ha calculado en 122 euros al año. Para las empresas del sector industrial, las cifras variarán entre los 100,62 euros y los 1.509,25 euros anuales, según el tamaño y la actividad de las instalaciones.

“Es la primera vez que el Gobierno de España impone a los municipios el valor de una tasa, violando la autonomía de los ayuntamientos”, denunciaron desde el gobierno local, que se ha mostrado visiblemente molesto con lo que han calificado como una «imposición injusta». “Estamos ante un atropello sin precedentes a las competencias locales”, lamentó Bautista.

Medidas para compensar el ‘basurazo’

Consciente del malestar generado por esta nueva carga impositiva, el alcalde de Móstoles adelantó en una entrevista con el diario ABC que, dentro de las competencias municipales, tratarán de compensar el esfuerzo adicional que supondrá el “basurazo” para los vecinos. “Amortiguaremos este nuevo esfuerzo impositivo con bajadas generalizadas de impuestos que sí están en nuestra mano, como el IBI o el ICIO”, declaró el regidor.

Bautista no ocultó su indignación con la nueva tasa, a la que se refirió en repetidas ocasiones como la “Tasa Sánchez”. “Es indecente que los mostoleños tengan que pagar un nuevo impuesto por el capricho de Pedro Sánchez. Estoy radicalmente en contra de la ‘tasa Sánchez’, porque va en contra del ADN de este Gobierno Municipal, que cree en una política fiscal a la baja. El dinero debe permanecer en el bolsillo de los vecinos”, subrayó el alcalde.

Críticas a la intervención del Gobierno central

El alcalde también aprovechó para criticar la intervención del Gobierno central en las decisiones fiscales locales. “La imposición de esta tasa supone un atropello sin precedentes a la autonomía de los ayuntamientos. Ha sido el Gobierno del señor Sánchez, con su ley, el que ha hecho que esta tasa de residuos repercuta directamente en el ciudadano. Y lo peor es que, con fondos propios, el Ayuntamiento no puede asumir ni una parte ni el total de este impuesto”, concluyó Bautista.

La polémica sigue creciendo en torno a este nuevo impuesto, que afectará tanto a ciudadanos como a empresas de diferentes sectores productivos. Mientras tanto, el Consistorio de Móstoles continuará trabajando para implementar las medidas necesarias antes del plazo límite de 2025, con la intención de mitigar en la mayor medida posible el impacto de la tasa sobre sus vecinos y comercios.