El «No a la guerra», no es sólo un principio, sino también un interés estratégico propio en el contexto internacional
La declaración institucional del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, resumió la posición de España ante la guerra iniciada unilateralmente por Israel y Estados Unidos contra Irán en una expresión clara: “No a la guerra”.
Una declaración que, a mi juicio, refleja el sentir mayoritario de la ciudadanía, con independencia de su adscripción ideológica. De ahí su fuerza y su validez social y política en el contexto nacional e internacional.
Quienes creemos que un mundo mejor es posible no podemos aceptar que la lógica de la guerra sustituya a la fuerza de la razón, ni asumir que la ley del más fuerte pueda convertirse en fuente de derecho internacional.
La dialéctica bélica debe quedar proscrita y erradicarse como norma general de resolución de conflictos en el orden internacional y no puede aceptarse que imponer la voluntad del más fuerte sobre el más débil sea un instrumento válido de solución de conflictos.
La guerra promovida unilateralmente por Israel y Estados Unidos contra Irán no puede considerarse una guerra justa, por más que la mayoría de europeos —y de españoles— rechacemos un régimen que reprime a su población, limita libertades y niega derechos, especialmente a las mujeres, además de generar preocupación en el equilibrio geopolítico.
No podemos obviar que las implicaciones de este conflicto a escala global son imprevisibles y que se ha iniciado con una quiebra del derecho internacional, el cual actúa como un escudo frente a decisiones unilaterales de quienes pretenden sustituir el diálogo por la violencia.
En mi opinión, esta guerra responde más a intereses geopolíticos y económicos que a la construcción de un orden internacional más justo. No mejorará la seguridad global ni las condiciones de vida de los españoles; más bien, ocurrirá lo contrario.
Esta guerra traerá consigo efectos negativos para Europa y para España, especialmente en forma de encarecimiento de la energía y aumento de los costes de producción, lo que impactará directamente en la economía de la ciudadanía y del tejido productivo. Será necesario adoptar medidas públicas para mitigar estos efectos, algo que será posible gracias a la solidez de las políticas económicas desarrolladas en los últimos años.
España no puede limitarse a reaccionar ante las consecuencias de este conflicto; debe definir con claridad cuál es su papel en el escenario internacional. No basta con posicionarse, es necesario actuar desde una política exterior coherente, que sitúe la defensa del derecho internacional y de la paz no solo como un principio, sino como un interés estratégico propio.
Y en este contexto, ser patriota hoy es respaldar la posición del Gobierno de España y defender, junto a nuestros aliados europeos, la legalidad internacional.
La posición política que mantienen Alberto Núñez Feijóo y el ex presidente José María Aznar, apelando a un alineamiento con Estados Unidos bajo el argumento de la alianza, resulta profundamente preocupante. España ya conoce las consecuencias de decisiones de este tipo, como ocurrió con la guerra de Irak, cuando el Gobierno de Aznar se sumó al trío de las Azores, contribuyendo a un escenario internacional más inseguro.
El camino pasa por exigir el cese inmediato de las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia antes de que la espiral de violencia alcance un punto difícil de contener, porque las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan.
Susana López Antequera
Coordinadora del Grupo Municipal Socialista
