El PSOE exigirá explicaciones por la demolición de la ‘Casa Roja’ y la cesión de suelo industrial
El Grupo Municipal Socialista exigirá en el próximo Pleno municipal que el gobierno local, formado por Partido Popular y Vox, dé explicaciones sobre el expediente remitido a la Fiscalía por la demolición del edificio protegido conocido como la “Casa Roja”, así como sobre la creación de un nuevo consorcio urbanístico con la Comunidad de Madrid.
Según el PSOE, el Ejecutivo local llevaría cuatro meses negando el acceso al expediente completo sobre la demolición del inmueble situado en la calle Ricardo Medem 3, una construcción catalogada con valor patrimonial que fue derribada sin autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, tal como exige la legislación regional. El informe incorporado al expediente de demolición confirma que se trataba de un bien de interés patrimonial con valor etnográfico.
Desde el equipo de gobierno, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha negado en unas declaraciones a la web ‘Noticias para Municipios’ las acusaciones y ha asegurado que el PSOE tiene acceso al expediente desde noviembre de 2024, aunque no lo habría consultado hasta el pasado 21 de abril. “El PSOE de Móstoles no solo no trabaja, sino que también miente”, afirmó Bautista, quien insiste en que la concejalía de Urbanismo actuó conforme al ordenamiento jurídico y que la documentación se ha trasladado a la Fiscalía para su investigación.
La demolición de la ‘Casa Roja’ fue inicialmente autorizada por el Consistorio mediante una declaración responsable presentada por el promotor, aunque carecía de permiso para excavar en la zona, donde se documentó la existencia de una cueva que habría sido sellada. La asociación Amigos de la Historia de Móstoles (AHIMOS) denunció públicamente esta actuación, que consideran una agresión al patrimonio histórico de la ciudad.
Los socialistas consideran “insuficiente” la sanción de 18.000 euros impuesta por la demolición del inmueble, cuando la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid contempla multas de hasta tres millones de euros para infracciones muy graves. Asimismo, denuncian la existencia de un presunto “trato de favor” al actual propietario del solar.
Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Sergio Soler (PP), ha confirmado que el expediente ya ha sido remitido al Ministerio Público para esclarecer si existen mayores responsabilidades en la demolición. Además, señaló que se han iniciado dos procedimientos sancionadores contra el propietario: uno de 300.000 euros por la tala de árboles y otro de 30.000 por una excavación sin autorización.
Por otra parte, el PSOE también reclamará información sobre la tramitación del nuevo consorcio urbanístico, que, según denuncian, “podría poner en manos de la Comunidad de Madrid hasta dos millones de metros cuadrados de suelo industrial sin participación de la oposición ni consulta a la ciudadanía”. Los socialistas exigen que el Ayuntamiento se reserve el derecho de desvincularse del consorcio si se produce un cambio de gobierno tras las elecciones de 2027.
