La Audiencia de Madrid ordena señalar la fecha del juicio por el caso ITV de Móstoles
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado señalar la fecha para la celebración del juicio oral contra la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse y el resto de acusados (otros cuatro concejales socialistas del actual grupo municipal, entre ellos, el también secretario general de la agrupación socialista de Móstoles, Álex Martín) por el denominado ‘caso ITV’, una vez admitida la mayor parte de las pruebas propuestas por las acusaciones y las defensas y concluida la fase intermedia del procedimiento.
Así consta en un auto en el que la Sala acuerda que se dé traslado al Letrado de la Administración de Justicia del Tribunal, para que atendiendo a la Agenda de Vistas, y el movimiento de asuntos de la Sección, proceda a señalar día y hora para la celebración del juicio oral. De igual modo, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial acuerda admitir las pruebas de interrogatorio de los acusados, testificales, periciales y documentales interesadas tanto por la Fiscalía como por las acusaciones y las defensas, con algunas excepciones.
La causa tiene su origen en el acuerdo alcanzado en 2020 entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria de la ITV para poner fin al litigio derivado de la concesión administrativa de la estación de inspección de vehículos. Las acusaciones sostienen que dicho pacto, aprobado por la Junta de Gobierno Local, resultó arbitrario y ocasionó un perjuicio económico a las arcas municipales al reducir el crédito que el Consistorio mantenía frente a la mercantil, por lo que atribuyen a los acusados delitos de prevaricación administrativa y malversación. Las defensas niegan cualquier irregularidad y sostienen que el acuerdo se adoptó conforme a la legalidad y en interés del Ayuntamiento.
Entre los acusados figuran la exregidora socialista Noelia Posse, varios exmiembros de su equipo de Gobierno, el exconcejal Aitor Perlines, responsables municipales, la mercantil ITV Móstoles S.L. y otros investigados.
La Sala rechaza, no obstante, algunas de las diligencias solicitadas por las partes. En concreto, deniega la petición del Ayuntamiento de Móstoles para que el Tribunal de Cuentas determinara el importe del supuesto perjuicio económico causado a la corporación al considerar que ese organismo no puede actuar como perito del tribunal penal y que esa valoración podrá realizarse con las pruebas ya existentes en la causa.
Asimismo, inadmite parte de la documentación solicitada por la acusación popular y por varias defensas al entender que gran parte de esos documentos ya constan incorporados al procedimiento o carecen de relevancia para el objeto del juicio.
El tribunal también acuerda que, salvo que alguno solicite lo contrario dentro del plazo de diez días, los acusados declaren al final de la práctica de la prueba. Contra este auto no cabe recurso, sin perjuicio de que las partes puedan reiterar al inicio del juicio la práctica de las pruebas que han sido rechazadas.
Procesados y petición de penas
Además de Noelia Posse, la acusación también se dirige contra el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.
Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que fueron desalojados del Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.
También están investigadas en el ‘Caso ITV’ las exediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.
Todos ellos, junto al exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que sigue una defensa separada desde un principio de los otros ediles, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó en 2020 la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.
La acusación particular, ejercida por los dos exediles de Más Madrid que presentaron la querella inicial, Gabriel Ortega y Susana García Millán, solicita seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta para los acusados.
Con respecto a la mercantil acusada ITV Móstoles S.L. pide que se le juzgue por malversación de caudales públicos y pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión con una cuota diaria de 5.000 euros.
La Fiscalía solicita para la exalcaldesa una pena de 12 años de inhabilitación especial por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, mientras que para el resto de exconcejales y cargos públicos procesados reclama ocho años de inhabilitación.
Por su parte, la acusación popular eleva su petición a seis años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta para los responsables políticos, además de tres años y seis meses de cárcel para la mercantil ITV Móstoles S.L. Asimismo, el Ayuntamiento de Móstoles, personado como acusación particular, reclama 817.453,94 euros por el presunto perjuicio causado a las arcas municipales.
Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita una pena de doce años de inhabilitación, mientras que el Ayuntamiento -personado en la causa- ha solicitado igualmente inhabilitación y recientemente ha comunicado que también acusará por malversación.
En concepto de responsabilidad civil, se reclama de forma solidaria a todos los acusados el abono de 817.453,94 euros por los perjuicios presuntamente causados.
